"El texto que remitimos a su organización, firmado por unas cien personas, tiene por finalidad sumarnos a las iniciativas de protesta social, en defensa de los derechos de las mujeres. No queremos callar ante el atropello sufrido en la dignidad e intimidad de las mismas. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo con las mujeres afectadas.
Reclamamos a los partidos progresistas y otras organizaciones el compromiso de sustituir la actual legislación del aborto por una ley de plazos.
Reclamamos a los partidos progresistas y otras organizaciones el compromiso de sustituir la actual legislación del aborto por una ley de plazos.
MANIFIESTO:
TIEMPOS PELIGROSOS PARA LAS MUJERES
(UN VIAJE AL PASADO)
La admisión a trámite de la denuncia de la Asociación «La vida importa» por prácticas de aborto ilegal en algunas clínicas de Madrid, y las diligencias adoptadas por el Juez instructor —citación mediante policía a veinticinco mujeres y registro y recogida de archivos de estas clínicas— pone a la luz dos cuestiones preocupantes: por un lado, la beligerancia de algunos sectores de la Iglesia y, por otro, la obsolescencia de la ley del aborto, que, tras más de veinte años de vigencia, resulta no solo insuficiente, sino también peligrosa, por dejar abierta la espada de Damocles de la persecución penal.
Que en 2008 —en una sociedad plural, avanzada, democrática—, ocurran estos hechos, y seamos testigos de la amenaza que sufren estas mujeres, cuyas vidas están siendo investigadas y aireadas públicamente, resulta una vuelta a tiempos que creíamos superados. Tiempos oscuros en los que el Estado se metía en tu casa y escrutaba tus pensamientos, tus inclinaciones sexuales y afectivas, y obligaba a las mujeres, bajo sanción penal, a una maternidad no querida. Pero esta situación es real o ¿estamos ante una pesadilla?
Desde el año 2004 hay un Gobierno socialista que ha dado muestras de tomar los derechos de las mujeres en serio: con políticas valientes, ampliando y profundizando sus derechos, sin concesiones paternalistas. Desde una convicción, sincera y comprometida, en la igualdad de los hombres y las mujeres.
Tras estos años de avances democráticos (o quizá por ellos) presenciamos un ataque a la dignidad de las mujeres que en ningún caso nos puede dejar indiferentes. Este ataque se enmarca en la ofensiva desplegada por sectores integristas de la Iglesia Católica que pretenden evangelizar a la sociedad española —nueva cruzada—, imponiendo sus valores morales como únicos y verdaderos. Lo han dicho sin tapujos destacadas autoridades eclesiásticas: el divorcio express, el aborto, el reconocimiento del derecho al matrimonio a los homosexuales, la asignatura de Educación para la Ciudadanía…, conducen a «la disolución de la democracia» y «son una clara vulneración de los derechos humanos».
La vinculación de Asociaciones como «La vida importa» (y otras similares) con el ideario más integrista de la Iglesia no requiere comentario, pero revela que estamos ante una estrategia, y que estos hechos no deben ser despachados por sectores progresistas como anecdóticos y de escasa trascendencia.
En primer lugar, la situación personal de las veinticinco mujeres más arriba mencionadas constituye por si misma un hecho de la máxima gravedad, además de poner de manifiesto que la amenaza se cierne sobre todas aquellas que han acudido o que puedan acudir en un futuro a estas clínicas.
Esta situación requiere una respuesta firme y su contenido es obvio: lo primero y más urgente, una muestra activa de nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres afectadas; y, por otra parte, abordar seriamente el problema del aborto, sin condicionarlo a futuros debates sobre ampliación o mejora de su regulación. Es necesario que la clase política, y en particular los partidos progresistas y este Gobierno, se comprometan a defender a estas mujeres, apostando por su dignidad y poniendo fin a estas situaciones.
En efecto, ya en su día, en 1985, la ley del aborto resultaba timorata para las reivindicaciones del feminismo del momento; pero, tras veintitrés años de vigencia, se ha hecho evidente que esta regulación no solo resulta inadecuada e insuficiente en el tratamiento del problema, sino que —por sus propias premisas de corte moral, al seguir una lógica que siempre culpabiliza a las mujeres por la práctica del aborto— deja abierta una vía para que sectores integristas religiosos (o maridos, compañeros desairados) puedan mantener en jaque a las mujeres.
Una apuesta inequívoca por la dignidad y la igualdad de las mujeres exige que la regulación del aborto opte por el sistema de plazos, que asegura un ámbito a la libre e intima decisión de la mujer, al resguardo de intromisiones de los poderes del Estado, siendo al tiempo respetuoso con los otros intereses sociales que también concurren en el problema del aborto.
La Ley de 1985 ya ha cumplido su papel. En la actualidad cada vez es más patente su inadecuación con las necesidades y el grado de autodeterminación alcanzado por las mujeres en los últimos veinte años. El sistema de indicaciones seguido por la ley de 1985 sitúa a las mujeres en una posición de falta de autonomía y de clara inferioridad, no compatible con el principio de dignidad, pues la decisión sobre su maternidad queda totalmente fuera de su ámbito exclusivo de decisión, al imponer el Ordenamiento la maternidad, con independencia de la voluntad de la propia mujer. Y, para eludir esta obligación de ser madres —que se impone como «ius cogens»—, es preciso justificarse ante el Estado.
Esta regulación comporta una doble humillación para la mujer: primero se la coloca en la posición de pedir autorización al Estado, en una situación de permanente minoría de edad; y a continuación se le obliga a autodeclarar hechos, circunstancias, situaciones, que pertenecen al estricto ámbito personal, lo que supone una clara violencia contra nuestra propia dignidad e intimidad. Si queremos librarnos de la amenaza penal, las mujeres estamos obligadas a hacer pública la existencia de una agresión sexual, o a afirmar que la maternidad nos provoca un grave daño psíquico, expresando públicamente debilidades o intimidades que, además, han de acreditarse facultativamente. Este mecanismo de reconocimiento de la superioridad moral de los otros, y por tanto de la aceptación del mal comportamiento solo justificable por no causar otros males mayores (para ti, para la sociedad), y esta autoconfesión de debilidad psíquica guarda muchas similitudes con los procesos de caza de brujas, totalmente inadmisible en una sociedad de hombres y mujeres libres.
Madrid, a 22 de enero de 2008
(UN VIAJE AL PASADO)
La admisión a trámite de la denuncia de la Asociación «La vida importa» por prácticas de aborto ilegal en algunas clínicas de Madrid, y las diligencias adoptadas por el Juez instructor —citación mediante policía a veinticinco mujeres y registro y recogida de archivos de estas clínicas— pone a la luz dos cuestiones preocupantes: por un lado, la beligerancia de algunos sectores de la Iglesia y, por otro, la obsolescencia de la ley del aborto, que, tras más de veinte años de vigencia, resulta no solo insuficiente, sino también peligrosa, por dejar abierta la espada de Damocles de la persecución penal.
Que en 2008 —en una sociedad plural, avanzada, democrática—, ocurran estos hechos, y seamos testigos de la amenaza que sufren estas mujeres, cuyas vidas están siendo investigadas y aireadas públicamente, resulta una vuelta a tiempos que creíamos superados. Tiempos oscuros en los que el Estado se metía en tu casa y escrutaba tus pensamientos, tus inclinaciones sexuales y afectivas, y obligaba a las mujeres, bajo sanción penal, a una maternidad no querida. Pero esta situación es real o ¿estamos ante una pesadilla?
Desde el año 2004 hay un Gobierno socialista que ha dado muestras de tomar los derechos de las mujeres en serio: con políticas valientes, ampliando y profundizando sus derechos, sin concesiones paternalistas. Desde una convicción, sincera y comprometida, en la igualdad de los hombres y las mujeres.
Tras estos años de avances democráticos (o quizá por ellos) presenciamos un ataque a la dignidad de las mujeres que en ningún caso nos puede dejar indiferentes. Este ataque se enmarca en la ofensiva desplegada por sectores integristas de la Iglesia Católica que pretenden evangelizar a la sociedad española —nueva cruzada—, imponiendo sus valores morales como únicos y verdaderos. Lo han dicho sin tapujos destacadas autoridades eclesiásticas: el divorcio express, el aborto, el reconocimiento del derecho al matrimonio a los homosexuales, la asignatura de Educación para la Ciudadanía…, conducen a «la disolución de la democracia» y «son una clara vulneración de los derechos humanos».
La vinculación de Asociaciones como «La vida importa» (y otras similares) con el ideario más integrista de la Iglesia no requiere comentario, pero revela que estamos ante una estrategia, y que estos hechos no deben ser despachados por sectores progresistas como anecdóticos y de escasa trascendencia.
En primer lugar, la situación personal de las veinticinco mujeres más arriba mencionadas constituye por si misma un hecho de la máxima gravedad, además de poner de manifiesto que la amenaza se cierne sobre todas aquellas que han acudido o que puedan acudir en un futuro a estas clínicas.
Esta situación requiere una respuesta firme y su contenido es obvio: lo primero y más urgente, una muestra activa de nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres afectadas; y, por otra parte, abordar seriamente el problema del aborto, sin condicionarlo a futuros debates sobre ampliación o mejora de su regulación. Es necesario que la clase política, y en particular los partidos progresistas y este Gobierno, se comprometan a defender a estas mujeres, apostando por su dignidad y poniendo fin a estas situaciones.
En efecto, ya en su día, en 1985, la ley del aborto resultaba timorata para las reivindicaciones del feminismo del momento; pero, tras veintitrés años de vigencia, se ha hecho evidente que esta regulación no solo resulta inadecuada e insuficiente en el tratamiento del problema, sino que —por sus propias premisas de corte moral, al seguir una lógica que siempre culpabiliza a las mujeres por la práctica del aborto— deja abierta una vía para que sectores integristas religiosos (o maridos, compañeros desairados) puedan mantener en jaque a las mujeres.
Una apuesta inequívoca por la dignidad y la igualdad de las mujeres exige que la regulación del aborto opte por el sistema de plazos, que asegura un ámbito a la libre e intima decisión de la mujer, al resguardo de intromisiones de los poderes del Estado, siendo al tiempo respetuoso con los otros intereses sociales que también concurren en el problema del aborto.
La Ley de 1985 ya ha cumplido su papel. En la actualidad cada vez es más patente su inadecuación con las necesidades y el grado de autodeterminación alcanzado por las mujeres en los últimos veinte años. El sistema de indicaciones seguido por la ley de 1985 sitúa a las mujeres en una posición de falta de autonomía y de clara inferioridad, no compatible con el principio de dignidad, pues la decisión sobre su maternidad queda totalmente fuera de su ámbito exclusivo de decisión, al imponer el Ordenamiento la maternidad, con independencia de la voluntad de la propia mujer. Y, para eludir esta obligación de ser madres —que se impone como «ius cogens»—, es preciso justificarse ante el Estado.
Esta regulación comporta una doble humillación para la mujer: primero se la coloca en la posición de pedir autorización al Estado, en una situación de permanente minoría de edad; y a continuación se le obliga a autodeclarar hechos, circunstancias, situaciones, que pertenecen al estricto ámbito personal, lo que supone una clara violencia contra nuestra propia dignidad e intimidad. Si queremos librarnos de la amenaza penal, las mujeres estamos obligadas a hacer pública la existencia de una agresión sexual, o a afirmar que la maternidad nos provoca un grave daño psíquico, expresando públicamente debilidades o intimidades que, además, han de acreditarse facultativamente. Este mecanismo de reconocimiento de la superioridad moral de los otros, y por tanto de la aceptación del mal comportamiento solo justificable por no causar otros males mayores (para ti, para la sociedad), y esta autoconfesión de debilidad psíquica guarda muchas similitudes con los procesos de caza de brujas, totalmente inadmisible en una sociedad de hombres y mujeres libres.
Madrid, a 22 de enero de 2008
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