TIEMPOS PELIGROSOS PARA LAS MUJERES (UN VIAJE AL PASADO)
La admisión a tramite de la denuncia de la Asociación “La Vida Importa” por practicas de aborto ilegal en algunas clínicas de Madrid y las diligencias adoptadas por el Juez instructor, concretadas en la citación mediante policía a 25 mujeres y en el registro y recogida de archivos de estas clínicas, pone a la luz dos cuestiones preocupantes: de un lado, la beligerancia de algunos sectores de la Iglesia y, de otro, la obsolescencia de la ley del aborto que, tras más de 20 años de vigencia, resulta insuficiente y, además, peligrosa, por dejar abierta la puerta a la persecución penal, cual espada de Damocles.
Que en 2008, en una sociedad plural, avanzada y democrática ocurran estos hechos y seamos testigos de la amenaza que sufren unas mujeres, cuyas vidas están siendo investigadas y aireadas públicamente, resulta una vuelta a tiempos que creíamos superados. Tiempos oscuros en los que el Estado se metía en tu casa y escrutaba tus pensamientos, tus inclinaciones sexuales y afectivas, y obligaba a las mujeres, bajo sanción penal, a una maternidad no querida .
Cabe, entonces, preguntarse, ¿esta situación es real, o ¿estamos ante una pesadilla?.
Desde el año 2004 hay un Gobierno socialista que ha dado muestras de tomar los derechos de las mujeres en serio, mediante la adopción de políticas valientes que amplían y profundizan los derechos de las mujeres sin concesiones paternalistas, y desde una convicción sincera y comprometida con la igualdad de hombres y mujeres.
Sin embargo, tras estos años de avances democráticos ( o quizás por ello), presenciamos ahora un ataque a la dignidad de las mujeres que en ningún caso nos puede dejar indiferentes. Este ataque se enmarca en la ofensiva desplegada por sectores integristas de la Iglesia Católica que pretenden evangelizar a la sociedad española con una nueva Cruzada, imponiendo sus valores morales como únicos y verdaderos. Lo han dicho sin tapujos destacadas autoridades eclesiásticas: el divorcio Express, el aborto, el reconocimiento del derecho al matrimonio a los homosexuales, la asignatura de Educación para la ciudadanía …, conducen a “la disolución de la democracia” y “son una clara vulneración de los derechos humanos”.
La vinculación de Asociaciones La Vida Importa y otras similares con el ideario más integrista de la Iglesia no requiere comentario, pero revela que estamos ante una estrategia que demanda que estos hechos no puedan ser despachados por sectores progresistas como anecdóticos y de escasa trascendencia.
En primer lugar, la situación personal de las 25 mujeres citadas constituye por si misma una cuestión de la máxima gravedad, además de poner de manifiesto que la amenaza se cierne sobre todas las mujeres que han acudido o que puedan acudir en un futuro a estas clínicas. Esta situación requiere una respuesta firme, y su contenido se presenta obvio: lo primero y más urgente es una muestra activa de nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres afectadas.
En segundo lugar, es preciso abordar seriamente el problema del aborto y no posponerlo a futuros debates sobre ampliación o mejora de su regulación. Es necesario que la clase política y en particular los partidos progresistas y este Gobierno se comprometan a defender a estas mujeres apostando por su dignidad y libertad, eliminando los recortes de la actual legislación del aborto que pone en manos de sectores ultramotanos esa dignidad y esa libertad.
En efecto, ya en su día, en 1985, la ley del aborto resultaba timorata para las reivindicaciones del feminismo del momento. Pero, mantener tras 23 años de vigencia esta regulación. no solo es inadecuado e insuficiente para el tratamiento del problema, al seguir una lógica que siempre culpabiliza a las mujeres por la practica del aborto, sino que, además, por esa mismas premisas de corte moral , se deja abierta una vía para que sectores integristas religiosos (o maridos, compañeros desairados) puedan mantener en jaque a las mujeres.
Una apuesta inequívoca por la dignidad y la igualdad de las mujeres exige que la regulación del aborto opte por el sistema de plazos, pues asegura un ámbito a la libre e intima decisión de la mujer, al resguardo de intromisiones de los poderes del Estado, siendo, a la vez, respetuoso con los otros intereses sociales que también concurren en el problema del aborto.
La Ley de 1985 ya ha cumplido su papel y ya ha dado su máximo rendimiento. En la actualidad cada vez es más patente su inadecuación con las necesidades y el grado de autodeterminación alcanzado por las mujeres en los últimos 20 años. El sistema de indicaciones seguido por ella, sitúa a las mujeres en una posición de falta de autonomía y de clara inferioridad no compatible con el principio de dignidad, pues la decisión sobre la maternidad queda totalmente fuera de su ámbito exclusivo de decisión, al imponerla el Ordenamiento con independencia de su voluntad. Además, produce el efecto perverso de que, para eludir esta obligación de ser madres, que se impone como “ius cogens”, es preciso justificarse ante el Estado, alegando que de la continuación de esa maternidad (no deseada) se derivan males mayores que no es exigible soportar.
Esta regulación comporta una doble humillación para las mujeres, pues nos coloca en la posición de pedir autorización al Estado, en una situación de permanente minoría de edad, y nos obliga a declarar hechos, circunstancias y situaciones que expresan una clara violencia contra nuestra propia dignidad e intimidad. Estamos obligadas, si queremos librarnos de la amenaza penal, a hacer publica la existencia de una agresión sexual, o a afirmar que la maternidad nos provoca un grave daño psíquico, esto es, a expresar públicamente debilidades o intimidades y a acreditarlas facultativamente. Este mecanismo de reconocimiento de la superioridad moral de los otros y, por tanto, de la aceptación del mal comportamiento (solo justificable por no causar otros males mayores para una misma o para la sociedad) y esta autoconfesión de debilidad psíquica, guarda muchas similitudes con los procesos de caza de brujas que no se corresponden con una sociedad de hombres y mujeres libres.
Madrid, a 13 de enero de 2008
La admisión a tramite de la denuncia de la Asociación “La Vida Importa” por practicas de aborto ilegal en algunas clínicas de Madrid y las diligencias adoptadas por el Juez instructor, concretadas en la citación mediante policía a 25 mujeres y en el registro y recogida de archivos de estas clínicas, pone a la luz dos cuestiones preocupantes: de un lado, la beligerancia de algunos sectores de la Iglesia y, de otro, la obsolescencia de la ley del aborto que, tras más de 20 años de vigencia, resulta insuficiente y, además, peligrosa, por dejar abierta la puerta a la persecución penal, cual espada de Damocles.
Que en 2008, en una sociedad plural, avanzada y democrática ocurran estos hechos y seamos testigos de la amenaza que sufren unas mujeres, cuyas vidas están siendo investigadas y aireadas públicamente, resulta una vuelta a tiempos que creíamos superados. Tiempos oscuros en los que el Estado se metía en tu casa y escrutaba tus pensamientos, tus inclinaciones sexuales y afectivas, y obligaba a las mujeres, bajo sanción penal, a una maternidad no querida .
Cabe, entonces, preguntarse, ¿esta situación es real, o ¿estamos ante una pesadilla?.
Desde el año 2004 hay un Gobierno socialista que ha dado muestras de tomar los derechos de las mujeres en serio, mediante la adopción de políticas valientes que amplían y profundizan los derechos de las mujeres sin concesiones paternalistas, y desde una convicción sincera y comprometida con la igualdad de hombres y mujeres.
Sin embargo, tras estos años de avances democráticos ( o quizás por ello), presenciamos ahora un ataque a la dignidad de las mujeres que en ningún caso nos puede dejar indiferentes. Este ataque se enmarca en la ofensiva desplegada por sectores integristas de la Iglesia Católica que pretenden evangelizar a la sociedad española con una nueva Cruzada, imponiendo sus valores morales como únicos y verdaderos. Lo han dicho sin tapujos destacadas autoridades eclesiásticas: el divorcio Express, el aborto, el reconocimiento del derecho al matrimonio a los homosexuales, la asignatura de Educación para la ciudadanía …, conducen a “la disolución de la democracia” y “son una clara vulneración de los derechos humanos”.
La vinculación de Asociaciones La Vida Importa y otras similares con el ideario más integrista de la Iglesia no requiere comentario, pero revela que estamos ante una estrategia que demanda que estos hechos no puedan ser despachados por sectores progresistas como anecdóticos y de escasa trascendencia.
En primer lugar, la situación personal de las 25 mujeres citadas constituye por si misma una cuestión de la máxima gravedad, además de poner de manifiesto que la amenaza se cierne sobre todas las mujeres que han acudido o que puedan acudir en un futuro a estas clínicas. Esta situación requiere una respuesta firme, y su contenido se presenta obvio: lo primero y más urgente es una muestra activa de nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres afectadas.
En segundo lugar, es preciso abordar seriamente el problema del aborto y no posponerlo a futuros debates sobre ampliación o mejora de su regulación. Es necesario que la clase política y en particular los partidos progresistas y este Gobierno se comprometan a defender a estas mujeres apostando por su dignidad y libertad, eliminando los recortes de la actual legislación del aborto que pone en manos de sectores ultramotanos esa dignidad y esa libertad.
En efecto, ya en su día, en 1985, la ley del aborto resultaba timorata para las reivindicaciones del feminismo del momento. Pero, mantener tras 23 años de vigencia esta regulación. no solo es inadecuado e insuficiente para el tratamiento del problema, al seguir una lógica que siempre culpabiliza a las mujeres por la practica del aborto, sino que, además, por esa mismas premisas de corte moral , se deja abierta una vía para que sectores integristas religiosos (o maridos, compañeros desairados) puedan mantener en jaque a las mujeres.
Una apuesta inequívoca por la dignidad y la igualdad de las mujeres exige que la regulación del aborto opte por el sistema de plazos, pues asegura un ámbito a la libre e intima decisión de la mujer, al resguardo de intromisiones de los poderes del Estado, siendo, a la vez, respetuoso con los otros intereses sociales que también concurren en el problema del aborto.
La Ley de 1985 ya ha cumplido su papel y ya ha dado su máximo rendimiento. En la actualidad cada vez es más patente su inadecuación con las necesidades y el grado de autodeterminación alcanzado por las mujeres en los últimos 20 años. El sistema de indicaciones seguido por ella, sitúa a las mujeres en una posición de falta de autonomía y de clara inferioridad no compatible con el principio de dignidad, pues la decisión sobre la maternidad queda totalmente fuera de su ámbito exclusivo de decisión, al imponerla el Ordenamiento con independencia de su voluntad. Además, produce el efecto perverso de que, para eludir esta obligación de ser madres, que se impone como “ius cogens”, es preciso justificarse ante el Estado, alegando que de la continuación de esa maternidad (no deseada) se derivan males mayores que no es exigible soportar.
Esta regulación comporta una doble humillación para las mujeres, pues nos coloca en la posición de pedir autorización al Estado, en una situación de permanente minoría de edad, y nos obliga a declarar hechos, circunstancias y situaciones que expresan una clara violencia contra nuestra propia dignidad e intimidad. Estamos obligadas, si queremos librarnos de la amenaza penal, a hacer publica la existencia de una agresión sexual, o a afirmar que la maternidad nos provoca un grave daño psíquico, esto es, a expresar públicamente debilidades o intimidades y a acreditarlas facultativamente. Este mecanismo de reconocimiento de la superioridad moral de los otros y, por tanto, de la aceptación del mal comportamiento (solo justificable por no causar otros males mayores para una misma o para la sociedad) y esta autoconfesión de debilidad psíquica, guarda muchas similitudes con los procesos de caza de brujas que no se corresponden con una sociedad de hombres y mujeres libres.
Madrid, a 13 de enero de 2008
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